Día de la Memoria en Argentina: el necesario recuerdo de la dictadura

El 24 de marzo de 1976 comenzaron siete años de oscuridad en Argentina. Una junta militar liderada por Jorge Rafael Videla, comandante general del Ejército derrocó a María Estela Martínez de Perón y se instauró una dictadura bajo el nombre de ‘Proceso de reorganización nacional’. También hacían parte de la Junta Emilio Massera, comandante general de la Armada y Orlando Agosti, comandante general de la Fuerza Aérea.

Aunque entre 1930 y 1966 hubo en Argentina cinco golpes de Estado que llevaron a varias dictaduras provisionales y una permanente, ninguno de esos procesos fue tan represivo como el que comenzó hace 43 años. Según varias organizaciones de Derechos Humanos, más de 30.000 personas fueron desaparecidas.

El historiador Felipe Pigna le explicó a France24 una de las singularidades de este régimen respecto de los precedentes: “Anteriormente había presos políticos, gente que uno sabía dónde estaba, que estaba detenida a disposición de la justicia con un régimen de visita. Pero la dictadura (de 1976) implementó el método de desaparición de personas, un método tremendo que enloquece a las familias y que además iba acompañado de la pérdida de identidad, la tortura y la muerte de miles de personas en Argentina”.

Según el informe Nunca Más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), dirigido por el escritor Ernesto Sábato y publicado en 1984, “de algunos de los métodos empleados no se conocían antecedentes en otras partes del mundo. Hay varias denuncias acerca de niños y ancianos torturados junto a un familiar, para que éste proporcionara la información requerida por sus captores”.

El plan Cóndor, una política de represión que sobrevolaba Sudamérica

La dictadura argentina no fue un hecho aislado. Todos los países del Cono Sur estaban gobernados por dictaduras militares: en Bolivia, Hugo Banzer gobernó entre 1971 y 1978; en Brasil el régimen totalitario comenzó en marzo de 1964 y para 1976 gobernaba el general Ernesto Geisel; en Uruguay, Juan María Bordaberry, elegido democráticamente en 1971, disuelve el Congreso en 1973 e instaura una dictadura cívico militar que duró hasta 1985; en Chile el general Augusto Pinochet derrocó a Salvador Allende en 1973 y ostentó el poder hasta 1990 y en Paraguay, Alfredo Stroessner gobernó desde 1954 hasta 1989.

Dichos regímenes florecieron en medio de la Guerra Fría, en la que Estados Unidos lideraba la lucha anticomunista, en oposición al bando de la Unión Soviética. Fue en ese contexto que se estableció en Sudamérica la operación o plan Cóndor. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina (CELS), fue “un sistema formal de coordinación represiva entre los países del Cono Sur para perseguir y eliminar a militantes políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de nacionalidad argentina, uruguaya, chilena, paraguaya, boliviana y brasileña”.

Según concluyó el informe de la CONADEP, en Argentina “no solamente se persiguió a los miembros de organizaciones políticas que practicaban actos de terrorismo. Se cuentan por millares las víctimas que jamás tuvieron vinculación alguna con tales actividades y fueron sin embargo objeto de horrendos suplicios por su oposición a la dictadura militar, por su participación en luchas gremiales o estudiantiles, por tratarse de reconocidos intelectuales que cuestionaron el terrorismo de Estado o, simplemente, por ser familiares, amigos o estar incluidos en la agenda de alguien considerado subversivo”.

De acuerdo con los llamados “Archivos del Terror”, descubiertos por el abogado Martín Almada en Paraguay en 1992, el plan Cóndor dejó un saldo de 50.000 muertos, 30.000 desaparecidos y 400.000 presos.

Una herida abierta, 43 años después

Desde que colapsó el Gobierno de la junta militar en 1983, Argentina ha transitado un largo camino en materia de justicia, reparación y memoria. Antes de llamar a elecciones, los militares intentaron blindarse mediante la ley de Pacificación Nacional, que era en realidad una autoamnistía. Además, destruyeron miles de documentos relacionados con la represión militar, en un intento por ocultar la verdad.

Pero los ciudadanos argentinos exigían justicia. Raúl Alfonsín fue elegido en 1983 para derogar la ley de Pacificación Nacional y juzgar a los responsables de delitos en la dictadura. Tanto el informe Nunca Más como el Juicio a las Juntas de 1985 marcaron hitos en los procesos de construcción de paz en Latinoamérica. Sin embargo, muchos de los logros en materia de justicia se vieron reversados en leyes de Punto Final y Obediencia debida, en parte por la inestabilidad política y la influencia que siguieron ejerciendo los militares en gobiernos posteriores.

Entre las acciones de reparación a las víctimas y construcción de memoria que se han implementado en Argentina desde la década de los 90 está la Ley 25.633 del 2002, que establece el 24 de marzo como el Día Nacional de la memoria por la verdad y la justicia, con el fin de recordar a las víctimas de la dictadura y decir, una y otra vez, ‘Nunca más’.

Según Pigna, se trata de una fecha “dolorosa pero necesaria”. Y es que, según afirma el historiador, “todavía mucha justicia por hacer, particularmente en lo que tiene que ver con los niños desaparecidos, los hijos desaparecidos que las abuelas siguen buscando. Han aparecido más de 100 pero todavía faltan unos 400 por encontrar, que ya son hombres y mujeres grandes, con más de 40 años, desaparecidos estando sus madres embarazadas o siendo bebés”.