Este 23 de marzo invitamos a la docencia y a la comunidad a participar del conversatorio virtual “La dictadura militar en la educación” con Jorge Cardelli. El mismo será a las 18.30 hs. a través de la plataforma Meet.
📲 Para participar solicitá el link por WhatsApp (2964605987) a Adriana, Secretaria de Organización Provincial: wa.me/5492964605987
Jorge Cardelli es dirigente de La CTA, licenciado en Matemática y profesor universitario. En febrero de 1976 fue detenido en la provincia de Córdoba, donde permaneció durante días en una comisaría y luego permaneció preso en distintas cárceles durante toda la dictadura cívico-militar (desde febrero de 1976 hasta fines de 1983).
A 46 años del Golpe de Estado Cívico-Militar, seguimos construyendo memoria activa sobre lo acontecido en la última dictadura cívico-eclesiástica-militar. Seguimos el camino de búsqueda de verdad; de justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos por los genocidas; en la recuperación de la identidad de más de 400 nietas y nietos; y la defensa de los Derechos Humanos.
A continuación presentamos el artículo “La dictadura militar en la Educación” de Jorge Cardelli con el objetivo de que pueda leerse y compartir en las salas de docentes de toda la provincia, generando espacios de debates y reflexión.
La dictadura militar en la educación
La acción política de la Dictadura Militar del período 1976-1983 en el plano educativo expresa una diferencia cualitativa con respecto a las Dictaduras Militares anteriores. En un plano más general esta diferencia está en que los elementos determinantes de la constitución y desarrollo del proceso militar 1976-1983 fueron compartidos por los objetivos de represión y aniquilamiento del movimiento popular, centrado en la fuerza de los trabajadores, con los de la reestructuración neoliberal de la economía, centrada en la reversión de la industrialización generada a partir de la década peronista y en la inserción en el mercado mundial a través de la prioridad de la producción agropecuaria y sus derivados. La historia de los golpes militares nos había mostrado que la represión era parte de una estrategia general donde lo principal en lo coyuntural estaba en lo político y en lo económico, aunque finalmente lo económico fuera determinante. Esto no fue así en el caso de la Dictadura Militar 1976-1983. Los objetivos militares y represivos jugaron un papel principal junto a lo económico en la organización de la estrategia general de la Dictadura Militar. Este proceso de hegemonía oligárquica, donde los objetivos represivos compartieron su importancia con los objetivos de desindustrialización en los marcos de una reestructuración neoliberal, estuvo cargado de contradicciones internas que se expresaron en los diferentes énfasis discursivos. En todo caso los elementos más políticos empiezan a tomar fuerza cuando la presión popular y social los obliga a emprender la retirada. Una fecha simbólica de este tránsito puede ser la venida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para finalizar este aspecto introductorio es importante reiterar que la oligarquía terrateniente fue hegemónica en las clases dominantes que dieron sustento al Golpe del ‘76. Esta hegemonía le dio a estas clases y a la mayoría de los generales que gobernaron durante la Dictadura, la cuota de pragmatismo como para por un lado continuar el comercio de granos con los países socialistas mas allá de la voluntad norteamericana y por otra sostener en lo político e ideológico interno las versiones más duras del neoliberalismo de Reagan y Thatcher. Privatización de la cultura, salvaje represión al movimiento popular, condena política a cualquier proyecto de soberanía nacional y popular y condena ideológica a toda perspectiva de origen marxista o cristiana para la liberación.
En este marco la política educativa tiene dos aspectos que aparecen de manera entrelazada pero que a efectos del análisis es necesario distinguirlos para luego poder integrarlos. Por un lado está la dimensión represiva en el plano ideológico, que apuntaba a destruir todas aquellas expresiones organizativas que trabajaban en el plano de las ideas y que tuviesen relación con enunciados ligados a los conceptos de: liberación nacional y social, independencia económica, soberanía popular, clase trabajadora, socialismo, autonomía nacional, justicia social, imperialismo, monopolios, burguesía, democracia popular, cultura nacional, dependencia, etc. Desde el ‘55 en adelante y de manera simultánea con el desarrollo creciente del protagonismo político de los trabajadores y del movimiento popular, de fuerte contenido antiimperialista y con un papel protagónico del peronismo, se fue articulando un intenso debate político e ideológico en torno a las características estructurales de la crisis social y política de ese momento y a las alternativas de su superación transformadora. En ese debate los conceptos arriba enunciados adquirieron un papel hegemónico y en el objetivo de su erradicación como instrumentos del pensamiento, la Dictadura identificaba a la educación (con particular énfasis la educación pública) y a las diferentes formas organizativas del movimiento cultural con más arraigo popular, como las instituciones generadoras y promotoras de los mismos. Con este fundamento la represión a la comunidad educativa y cultural pasó a formar parte de la “guerra antisubversiva”.
Esta subordinación de la represión ideológica a la guerra antisubversiva se comprende, si recordamos que en las argumentaciones discursivas de la Dictadura Militar para explicar el fuerte estado de movilización social y la creciente ingobernabilidad durante la administración de Isabel Perón, plantean que esto fue provocado por la agresión marxista internacional. Recordemos que se planteaba que el “Comunismo Internacional”, expresado en ese entonces por los países socialistas, aspiraba a destruir la “Civilización Occidental y Cristiana”. Estábamos en los marcos de la confrontación política, ideológica y militar de los Estados Unidos y la Unión Soviética. El primero, un imperialismo histórico con protagonismo activo en nuestro continente latinoamericano, y la segunda, con una creciente vocación imperialista. La dirección ideológica de la represión sostenía que a través de las operaciones de penetración ideológica las organizaciones revolucionarias (por supuesto subversivas) se apoderaban de las instituciones y de la conciencia de los dirigentes sociales y por este camino llegaban al pueblo. Luego a través de su acción política lo llevaban a la rebelión.
Por otro lado está la dimensión más propiamente neoliberal que implica el asentamiento de acciones y discursos de fundamento que tienden a prefigurar la línea de avance privatista que se desarrollará posteriormente, cuando se recupera la democracia, pero con particular fuerza durante la década menemista. Más allá que en el discurso dictatorial se enunciase la vocación de volver al “sentido esencial” que la educación tuvo en los orígenes de la República Argentina y que luego operase como fundamento del salvajismo represivo, lo real es que la educación privada y sus conceptos neoliberales se vieron fuertemente beneficiadas por decisiones concretas de políticas de gobierno y por la enorme promoción ideológica que recibieron en detrimento de la educación pública. El argumento de que la educación pública estaba muy “infiltrada” no sólo fue funcional a la represión interna y al autoritarismo curricular sino también apuntaba a promover el desarrollo del mercado de la educación. Esto se consolidó con la llegada de Llerena Amadeo al Ministerio de Educación, como veremos más adelante.
Ivanissevich y el inicio de la represión ideológica
La represión a la comunidad educativa y a la cultura se empieza a prefigurar con el Gobierno de Isabel Perón, cuando el Dr. Jorge Taiana es obligado a renunciar en el Ministerio de Educación y es reemplazado por Oscar Ivanissevich en el año 1974. Este cambio se produce inmediatamente después de la muerte de Perón, con la asunción de Isabel Perón, cuando se modifica de manera definitiva la orientación iniciada en Mayo del ‘73. A través de este desplazamiento se concreta la aspiración de los sectores de derecha del Movimiento Peronista, de la Iglesia Católica y también de buena parte de las Fuerzas Armadas y Policiales de dirigir la educación de nuestro país.
Con la gestión Taiana se pusieron en marcha un conjunto de propuestas inspiradas en la pedagogía de la liberación de Paulo Freire y en las corrientes del nacionalismo popular que se habían desarrollado en la década de los sesenta, con el aporte de intelectuales y organizaciones populares que la academia había rechazado (esta tenía un fuerte sesgo antiperonista y antipopular), de experiencias pedagógicas en el seno mismo del movimiento popular y también al interior de las Universidades cuando la relación de fuerzas lo permitía. Entre los nombres más importantes vale la pena destacar a Raúl Scalabrini Ortiz, Juan José Hernández Arregui, Arturo Jauretche, Rodolfo Puiggrós, John William Cooke, las Cátedras Nacionales en la UBA, la CGT de los Argentinos, Pino Solanas y La Hora de los Hornos y muchas otras experiencias y nombres más. Se hicieron visibles las posiciones políticas e ideológicas de las organizaciones armadas revolucionarias, los debates al interior del marxismo y también del cristianismo, el pensamiento revolucionario de liberación nacional y social gestado en el Tercer Mundo en la posguerra.
Estas propuestas están atravesadas por las ideas de que la cultura es o un instrumento de dominación social y política o una herramienta de liberación. Esta última alternativa solo es posible a través de su democratización y del protagonismo popular a la hora de su producción. El estado debe jugar un papel estratégico en la implementación de estas ideas tal como lo había jugado a lo largo de toda nuestra historia, pero desarrollando y promoviendo las formas culturales afines a la dominación social y política. Las experiencias de gobierno en el plano de la educación de adultos, de la enseñanza agrícola, de la comunicación social y de las universidades tuvieron una fuerza muy importante. Creo necesario resaltar la experiencia universitaria porque contribuye a explicar que el salvajismo con que la Dictadura Militar actuó en las Universidades respondía a algo más que a los excesos “demoníacos” de algunos militares en términos individuales. Expresaba los intereses sociales de las clases dominantes de aniquilar un importante desarrollo de propuestas alternativas de liberación nacional y social y con un fuerte arraigo popular. En esta experiencia la Universidad abrió sus puertas de manera irrestricta, impulsó un profundo debate político y social como punto de partida para la modernización curricular, amplió la participación estudiantil a los ámbitos de producción pedagógica y científica y finalmente inició una activa política de articulación de la Universidad con los sectores populares con fuerte protagonismo estudiantil. Esto generó las condiciones para que muchos jóvenes se comprometieran con el desarrollo del movimiento popular y se incorporaran de manera activa al mismo.
Sería muy parcial reducir sólo a las propuestas del Ministerio de Educación del Dr. Taiana este papel democratizador y transformador de la educación y la cultura y no ver que con el triunfo de Mayo del ‘73 se abrieron las posibilidades de desarrollo de una inmensa cantidad de experiencias de educación popular y de articulación del conocimiento con las problemáticas sociales, que se venían gestando desde los sesenta y que esta gestión ministerial generó condiciones para su canalización. El papel de la militancia de izquierda y de los cristianos, que planteaban el compromiso social con los sectores populares como principio fue fundamental de su desarrollo, sostenidos con una gran convicción por el trabajo de base. Hoy podemos decir que las vertientes ideológicas del peronismo, del marxismo y del cristianismo fueron los nutrientes principales del debate alternativo de la época. Aquí es importante señalar que el pensamiento de Paulo Freire y de todos aquellos intelectuales como Amilcar Cabral, que veían a la educación y a la cultura como instrumentos de liberación, de recuperación y reconstrucción de una identidad para los pueblos del Tercer Mundo, habían calado profundamente en el pensamiento de una parte importante de los dirigentes populares, cualquiera fuese su vertiente ideológica.
Que sea Ivanissevich el hombre que inicia la represión educativa y cultural merece una reflexión que contribuye a aclarar el carácter histórico de la confrontación política e ideológica en la educación argentina. Este hombre también fue designado Ministro de Educación en el primer gobierno peronista en reemplazo de Gache Pirán y como parte de una ofensiva reaccionaria y antipopular contra la política educativa que estaba a cargo del Secretario de Educación, Pedro Arizaga. Esta política histórica del Gobierno de Perón, en su formulación general y en su implementación contenía importantes elementos nacionales y populares. La misión de Ivanissevich era abortarlos.
También es una preocupación central de la “Misión Ivanissevich” la creciente importancia de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la Repúbica Argentina (CTERA), adquirida a partir de su fundación el 11 de Septiembre de 1973. Los docentes después de varios intentos alcanzan su unificación en el marco de un acuerdo que incluye un programa reivindicativo, el compromiso con la defensa y promoción de la educación pública con contenidos democráticos y populares y la convergencia con los objetivos reivindicativos y políticos de la clase trabajadora. Estos hechos constituirán para Ivanissevich y para los posteriores Ministros de Educación de la Dictadura Militar un logro de la “agresión marxista internacional” que necesita ser desmantelado. El marco político del ‘74 y ‘75 no le permite avanzar mucho en esta dirección pero sí sentar las bases para una continuidad ideológica de la acción represiva decidida en el Gobierno Militar.
El golpe del 24 de marzo de 1976
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas dan el golpe de estado, con un lenguaje cargado de mesianismo. Anuncian que vienen a sacar a la República del caos y la anarquía en que había sido sumida, que amenazaba su propia disolución, y a sentar nuevamente las bases de la libertad y el orden que nunca debieron haber sido perturbados. Afirman que a la ineptitud, la inmoralidad y la corrupción del gobierno de Isabel Perón se sumaba la infiltración subversiva en las instituciones educativas (aquí el blanco preferido era la educación pública) y en los organismos sociales y la aspiración de las organizaciones subversivas militares de tomar el poder. Aquí es importante resaltar que el Gobierno de Isabel no era de cuño oligárquico. Más bien de carácter desarrollista, expresaba la crisis de una Argentina más industrial, más nacional, que se había gestado en el ‘45 y en el seno de la cual había crecido el peronismo. El carácter central del Golpe del ‘76 es oligárquico. Esto explica por qué los militares golpistas querían la dirección de la represión y de la economía.
Ante esto el Ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, anuncia la política económica, que en su ejecución sentará las bases de la hegemonía oligárquica aliada con el capital monopólico imperialista y en los marcos del credo neoliberal. Los ejes centrales de este credo se realizarán de manera concreta durante el Menemismo aunque con hegemonía del capital monopólico imperialista. Aclaro esto porque creo que hay diferencias entre el proyecto económico de la Dictadura Militar y el del Menemismo. La orden de clase era desindustrializar y debilitar a la clase obrera en cuyo seno habían crecido los cuestionamientos más revolucionarios al orden existente y destruir al peronismo como potencialidad nacionalista y popular. El asesinato de Atilio López, la muerte Agustín Tosco y el secuestro y desaparición de René Salamanca el mismo 24 de Marzo de 1976 simbolizan el carácter reaccionario y antipopular de este proceso.
La Dictadura Militar conducida por el General Videla produjo decenas de miles de muertos, desaparecidos, presos y exilados. La desaparición de personas ha sido una de las herramientas más siniestras de esta represión como forma de instaurar el terror de forma generalizada. Producto de esta técnica de represión hubo decenas de campos de concentración donde agonizaron y murieron miles de compañeros en medio de las torturas más salvajes y que jamás uno se las pudo imaginar. La indiferencia aparente con que muchos sectores medios tomaron el golpe de estado y el silencio cómplice con que pareciera que observaron la represión, suele ser evaluada como apoyo político a los militares en el gobierno. En estos análisis que no comparto, sin pretender entrar en polémica, se suele subestimar el carácter social del miedo y el terror que generaron primero los paramilitares de las Tres A en el Gobierno de Isabel Perón y luego las operaciones generalizadas de terrorismo de estado de la Dictadura Militar, que operó de manera planificada.
La educación fue considerada como un lugar donde se crearon condiciones para que florecieran las ideas subversivas y por eso era necesaria una tarea de limpieza ideológica. Todas las políticas educativas que se desarrollaron durante la Dictadura Militar han estado guiadas por un conjunto de principios comunes, por lo que podemos hablar de una sola política educativa. En el plano ideológico más general se planteaba que solo se podía recuperar el clima de libertad individual después de haber recuperado el orden. Esto era coherente con la política económica oligárquica y antiobrera que inauguró Martínez de Hoz. En el mismo plano estaba la subsidiariedad del estado, la privatización de la educación pública y la transferencia de los servicios educativos a las provincias y municipalidades. Los Ministros de Educación de la Dictadura planteaban un período de monopolio ideológico y político del estado a los efectos de llevar adelante las tareas de limpieza de las ideas marxistas, peronistas y cristianas de liberación, de restauración del orden. En consecuencia con esto, la represión en la comunidad educativa acompañó todo el Proceso Militar buscando restaurar los valores occidentales y cristianos y erradicar toda concepción crítica, cualquiera fuera su origen ideológico.
La represión general en el plano de la cultura tuvo tal intensidad que contribuyó a generar un claro direccionamiento ideológico en las orientaciones curriculares. Se generó un clima cultural atravesado por el miedo y donde había direcciones conceptuales que estaban claramente prohibidas. El terror garantizaba que no hubiera desobediencias a la prohibición. La represión operó en todos los planos. Asesinaron y desaparecieron cientos de dirigentes culturales de los cuales son casos paradigmáticos intelectuales como Rodolfo Walsh o Haroldo Conti, dirigentes del gremio docente CTERA como Isauro Arancibia, Marina Vilte o Eduardo Requena o los jóvenes estudiantes secundarios en Septiembre del ’76, que después fue denunciada de manera ejemplar en la película La Noche de los Lápices. En el caso del cine, entre 1976 y 1983 se censuraron 120 películas. Cayeron en esta lista una variedad de películas, algunas sin una justificación visible, que incluye las de la Coca Sarli, el Casanova de Fellini, La Naranja Mecánica y obviamente las de Pier Paolo Pasolini, que seguramente encrespaban los ánimos del fanatismo religioso y atascaba el pensamiento de los cristianos fundamentalistas. También por razones que se sobreentienden, las películas de Pino Solanas y Leonardo Favio. Artistas de reconocida trayectoria y compromiso quedaron ilegalizados, como Soledad Silveyra, Federico Luppi, Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat y Norma Aleandro. Decenas de artistas fueron al exilio. En el plano de la música se prohibieron 250 composiciones musicales. La muestra más notable del salvajismo ideológico es que la lista incluía el tango “Cambalache”. En el plano de los libros fueron proscriptos los principales autores del pensamiento crítico. Entre los que más les preocupaban estaban Marx, Lenin, Mao Tse Tung, Gramsci, “Che” Guevara, los discursos de Fidel, Paulo Freire, Eva Perón y muchos otros del estilo. Quedaron en la lista de la prohibición La Patagonia Rebelde, El Principito y Cien Años de Soledad. La lista de producciones culturales que fueron “desaparecidas” es inmensa y en esta cantidad, como en su orientación ideológica, está la fuerza del impacto curricular de la “ideología antisubversiva” en la enseñanza, con particular énfasis en la enseñanza media y universitaria.
Ricardo Bruera fue el primer Ministro de Educación del Gobierno Militar y estuvo hasta mediados del ‘77. Planteó que el objetivo era alcanzar la libertad pero como paso previo era necesario recuperar el orden y los valores que hacen posible ésta. Mediante la intervención de las diferentes instancias orgánicas del Sistema Educativo dependiente de Nación y de las Universidades todo quedó bajo las órdenes directas del Ministerio de Educación. Se presionó fuertemente para que desde las estructuras de la educación se colaborase activamente con la represión militar y se instaló un sistema de represión interna que iba desde proscripciones y desplazamientos internos hasta cesantías. Liquidó de manera definitiva todas las experiencias educativas democráticas que habían logrado subsistir al Gobierno de Isabel. No solamente se profundiza la línea de Julio del ‘74 de Ivanissevich sino que también empieza a instalarse el discurso de la subsidiariedad del Estado y del papel central de la educación privada y religiosa. Se empieza a transferir la educación a las municipalidades.
En Julio del ‘77 la Junta Militar aprueba el Proyecto Nacional que había elaborado el Gral. Díaz Bessone desde el Ministerio de Planeamiento. Era un momento donde todavía el mesianismo fundacional y el nacionalismo católico de derecha tenían un importante peso interno. Le reprochaban a Bruera que la educación no tuviese un mayor compromiso ideológico con la lucha antisubversiva. Le sucedió en el Ministerio de Educación Juan José Catalán, que se planteó de manera explícita impulsar la lucha antisubversiva en todos los planos de la cultura y la educación. Para llevar adelante esta tarea planteó la necesidad de incorporar en el ámbito educativo y en el plano pedagógico los conceptos de guerra, enemigo, subversión e infiltración. Un planteo de tal magnitud fue fundamentado en un documento titulado “Subversión en el ámbito educativo”, que fue distribuido en los establecimientos educacionales por resolución ministerial. El folleto pretendía esclarecer a los educadores sobre el accionar integral de la “subversión” y cómo se la podía detectar. Es de imaginar el clima de terror que tendía a generar una política de estas características. Estaba destinada a fomentar la delación interna, la desconfianza y la subordinación ideológica total al oscurantismo clerical.
Si bien es cierto que Catalán era el hombre más afín a la estrategia represiva de las Fuerzas Armadas, desde la perspectiva neoliberal en desarrollo y desde los intereses educativos de la Iglesia era más adecuado un hombre de sus propias filas, con una perspectiva pedagógica más sólida y más amplia. Así llegó al Ministerio de Educación Juan Llerena Amadeo, hombre de la derecha católica, convencido de que el marxismo atacaba las bases de la cultura occidental y cristiana y que apuntaba a la disolución moral y política de la República. Fue el Ministro que con más fuerza impulsó la privatización de la educación, el debilitamiento del carácter público de la misma y simultáneamente definía el papel estratégico de la Iglesia y la Familia en su organización. El objetivo de Llerena Amadeo es claro: predominio de la educación privada, estado subsidiario y educación pública de complemento. Todo fuertemente atravesado por el papel ideológico de la Iglesia y la Familia. Esto fue fuertemente reforzado en diferentes actos públicos donde el Presidente Videla o los generales interventores de las provincias, junto a los representantes de la jerarquía de la Iglesia, en el plano discursivo y simbólico expresaban el predominio ideológico que debía tener la enseñanza religiosa (católica) en la escuela y en la familia. Continuó el proceso de transferencia de la educación a las provincias y las municipalidades sin los fondos correspondientes, generalizó el arancelamiento a las Universidades, los cursos de ingreso, los cupos y cerró la Universidad de Luján. En el plano ideológico empezó a desarrollarse de manera activa el discurso del costo-beneficio en la educación. A través de la materia Formación Cívica y Moral impuso la enseñanza de las bases greco-romanas y de los principios religiosos como raíces de la cultura argentina introduciendo de esta manera una visión racista y discriminatoria de los genuinos orígenes de nuestro pueblo.
Llerena Amadeo es la síntesis ideológica más acabada de la articulación del genocidio de la Dictadura Militar con el proyecto económico neoliberal de Martínez de Hoz. Con él se expresa la genuina intencionalidad política del golpe militar, que era iniciar el proceso del “regreso oligárquico” actualizado vía ideología neoliberal, de acuerdo con las transformaciones del capitalismo mundializado con centro en los países desarrollados e imperialistas y con mayor poder en los Estados Unidos.
En esto la destrucción de la educación pública era fundamental en tanto para el movimiento popular era un lugar donde la batalla ideológica y cultural era posible. Esta posibilidad transformadora es más rica aun cuando la escuela es democrática, financiada y comprometida socialmente. Este proceso se había iniciado en Mayo del ‘73 y ante su posible desarrollo el nacionalismo de derecha, que siempre fue parte del peronismo, canalizó la oposición oligárquica y liberal y logró el cambio de rumbo en Julio del ‘74.
Durante la Dictadura Militar la educación pública recibió un golpe inmenso por varias razones. Una de ellas es que reinstaló el autoritarismo como práctica y como un valor en sí y que con el correr de los años se ha visto auxiliado y fortalecido por las concepciones tecnocráticas que adquirieron fuerza en la gestión Menemista. Esto se hizo de la mano del aniquilamiento de un enorme desarrollo de experiencias educativas en el seno del movimiento social que iban en la dirección de la articulación de la escuela y la universidad pública con los intereses populares. En este proceso las consignas de la democratización de la educación adquirían su sentido más profundo, que son las del crecimiento en el protagonismo político de las mayorías nacionales.
Los restantes Ministros de Educación de la Dictadura Militar, Carlos Burundarena y Cayetano Licciardo, no agregaron novedades a las direcciones que ya se habían definido. Además actuaron en una etapa en la que los militares ya empiezan a sentir la presión social interna de la movilización popular creciente contra la política económica y el autoritarisno asfixiante, y la externa por los efectos de las sistemáticas denuncias a las violaciones de los derechos humanos hechas por los organismos de Derechos Humanos que se habían generado en nuestro país y por los miles de exilados que había en diferentes partes del mundo europeo y latinoamericano. Este retroceso que empieza con un discurso negociador o con un tono más conciliador se ve acelerado por la derrota en Malvinas y por la fuerte presión popular en las movilizaciones del ‘82 y ‘83. Esto se vivió en la educación como un poco de afloje en la represión pero de ninguna manera como un cambio en las direcciones ya establecidas, que eran las afines a la reestructuración neoliberal.
Antes de finalizar quiero señalar que en este trabajo solo he apuntado a mostrar las direcciones de la política educativa de la Dictadura Militar y algunos de sus orígenes, en sus articulaciones con la represión militar y con la reestructuración oligárquica y neoliberal iniciada por Martínez de Hoz. Ha quedado afuera de los objetivos del mismo describir las diferentes formas de resistencia, primero de tipo capilar y después de manera abierta, que se dio a esta política en las diferentes estructuras del sistema educativo.
Publicado en Canto Maestro – 24/03/01